La Cámara de Senadores aprobó el sábado por la madrugada la propuesta de modificar el régimen de consolidación fiscal, estableciendo un límite máximo de cinco años para que las empresas comiencen a pagar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) que han diferido en años previos.

Con esto, en cada uno de los dos primeros años las empresas que consolidan deberán liquidar 25% de la deuda fiscal, en el tercero 20%, y en el cuarto y quinto año 15%.

La propuesta que envió la Cámara de Diputados precisaba que en el primer año se pagaría 40%, y en cada uno de los restantes cuatro años 15% hasta finiquitar el ciento por ciento.

Sin embargo, este punto ocasionó el reclamo del líder de los senadores del PRD, Carlos Navarrete, al dirigente del PAN, Gustavo Madero, de que la noche del jueves habían acordado impulsar que en el primer año los empresarios pagaran 40%.

"Le reclamo que anoche acordamos el 40%y ahora apoya la propuesta del PRI del 25%", precisó el senador perredista.

En su respuesta Madero aseguró que no hay "truculencias", que nunca condicionó el voto de los senadores del PAN en ningún sentido, y que aceptaron ese porcentaje debido a que "es equivalente a 40% en su recaudación".

Esta propuesta que será envidad a la Cámara de Diputados para su total aprobación provocó la molestia de varios grupos empresariales, ya que fue acompañada de comentarios por parte de las autoridades mexicanas de que las grandes empresas rara vez pagaban impuestos.

Pero según la Secretaría de Hacienda, los hoyos que tienen las leyes fiscales que han impulsado la elusión en el pago de impuestos, provocan que las grandes empresas en México sólo pagaran en promedio una tasa efectiva del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de 1.78% respecto a sus ingresos acumulables

"Son fáciles de detectar las consecuencias que ha permitido el esquema vigente. Basta señalar que los grandes contribuyentes en México pagaron en promedio durante 2007 y 2008 una tasa efectiva de impuesto de 1.8% respecto de sus ingresos acumulables", dijo esta semana Agustín Carstens, secretario de Hecienda.

Ante estas cifras y el desplome de los ingresos tributarios la dependencia fue la principal impulsora en el Congreso de los cambios reforma al régimen de consolidación fiscal que limita el periodo de diferimiento del pago del ISR, a cinco años y no un plazo indefinido como lo prevé la legislación actual.

Carstens precisó que los grandes contribuyentes aportaron en 2008 el 35% de la recaudación neta de la federación, exceptuando las cuentas de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex).

El funcionario dijo que el Gobierno mexicano sólo busca establecer un periodo de tiempo máximo en el cual las empresas, que se encuentran actualmente en el régimen de consolidación fiscal, paguen obligatoriamente el ISR que han diferido a lo largo de los años.

Indicó que la legislación actual permite que estos grupos, alrededor de 422, difieran este impuesto por un periodo de tiempo no definido, situación por la cual las empresas se "aprovechan" para aplazar el pago y provocar variaciones en los ingresos del Gobierno.

El régimen de consolidación fiscal se entiende como el permiso que tienen varias empresas de consolidarse y tributar como una sola entidad económica.

Lo anterior se refleja en el pago del ISR, es decir, el impuesto se difiere a lo largo del tiempo, por el resultado de la disminución de pérdidas fiscales obtenidas por una o varias empresas del grupo, contra las utilidades fiscales obtenidas por otras dentro del mismo grupo.

Los empresarios, a su vez, afirmaron que ellos sí pagan impuestos conforme a las leyes fiscales establecidas en el país y, a su vez, exigieron al Gobierno mexicano reformas fiscales que busquen ampliar la base gravable y no sólo incrementar las tasas de los impuestos para aumentar la recaudación; las autoridades también deberían ser más eficientes en la asignación y gasto del presupuesto federal.

Además, actualmente la ley tiene contemplado que el grupo consolidado deba enterar a las autoridades hacendarias el impuesto diferido en el caso de la desincorporación de la empresa; la desconsolidación; la disminución de la participación accionaria y cuando a nivel individual se extinga el derecho de amortizar pérdidas fiscales.

La propuesta inicial de Ley de Ingresos que envió el Gobierno mexicano busca tapar un boquete en los ingresos presupuestarios del 2010, calculados en poco más de 300,000 millones de pesos; esta tarea es revisada por el Congreso quien definirá su aumenta la carga tributaria, reduce gastos o endeuda más al país.